Carta a Felipe Calderón Hinojosa

Reserva de Biosfera Unica y dos Santuarios Ecológicos Amenazados por Proyectos de Desarrollo Ilegalmente Autorizados en México.


La Administración presidencial de Vicente Fox llegó a su término hace sólo 3 meses, dejando un legado bien documentado de incumplimiento a las leyes ambientales de México, que se tradujo en una seria devastación ecológica de la riqueza natural del país. De ahí que se depositen expectativas tan altas en su administración para revertir dichos antecedentes. Sin embargo, una serie de reservas ecológicas protegidas por la ley en la región Chamela-Cuixmala de la costa jaliscience de México, al sur de Puerto Vallarta, que abarca una Reserva de Biosfera de Bosque seco tropical, un Santuario playero de tortugas marinas en Playa Teopa y un Santuario del archipiélago de aves migratorias en la bahía de Chamela, se ven severamente amenazadas. Con un cambio radical en las políticas tradicionales mexicanas de protección ambiental, en los últimos seis meses las autoridades Federales han autorizado varios proyectos de desarrollo ilegales justamente en el corazón de tres áreas protegidas, que incluyen frágiles lagunas esturinas consideradas como Humedales de importancia internacional en la Convención de 1971 de Ramsar sobre Humedales y como parte del Programa sobre El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. La información con que se cuenta ahora acerca de la región ha llevado al Fondo Mundial para la Naturaleza a considerarla una de las 200 ecoregiones más importantes del mundo y la prestigiosa Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) la identifica como un Área prioritaria de conservación. Sólo algunos pocos sitios en el planeta han alcanzado tal grado de protección tanto a nivel nacional como internacional, debido a su reconocida importancia ambiental. De hecho esta área es uno de los sitios más delicados en términos ambiéntales y de mayor riqueza biológica a nivel mundial, como demuestran tantas capas de protección jurídica que se la han asignado. A pesar de ello, en el área noreste de la región, la construcción ilegal de un carretera por parte del Gobierno de Estado de Jalisco, en complicidad con la llamada "Procuraduría" Federal del Medio Ambiente (PROFEPA), está amenazando a la importante Reserva de biosfera justamente en el lugar donde el Río Chamela, que abastece al hábitat con sus especias protegidas, bosque seco y humedales, entra a su territorio, mientras que en el suroeste, la construcción ilegal de un proyecto engañoso llamado Casa Matos también amenaza el Área central de la Reserva así como ea santuario de tortugas antes mencionado. Aún peor que todo lo expuesto son los proyectos de desarrollo turístico “Tambora” y “Marina Careyes”, en los costados oeste y noroeste de la Reserva de Biosfera que tienen un impacto en los dos Saturaos arriba referidos, mismos que fueron autorizados en las últimas horas de la Administración presidencial del Vicente Fox el pasado 30 de noviembre. La Reserva de la biósfera de Chamela-Cuixmala, que abarca 13,142 hectáreas de las áreas naturales costeras mejor conservadas del Pacífico mexicano, donde convergen el bosque y el océano, mantiene los humedales con manglares y vegetación acuática, al igual que las dunas costeras del área de transición. La reserva protege a una combinación de hábitats que se destacan por su alta diversidad biológica: más de 1200 especies de plantas, 270 especies de aves, 70 especies mamíferos, 68 de reptiles, 19 de anfibios y miles de especies de insectos y otros invertebrados. El proyecto de Marina Careyes, propiedad de y promovido por el banquero mexicano Roberto Hernández (propietario anterior del Banco Nacional de México), es de especial preocupación, porque por más de diez años, él ha tratado constantemente de realizar desarrollos ilegales similares en esa región en particular. Ya presentó hace dos años el proyecto para construir una marina en el área de Careyes y tuvo que retirarlo porque iba totalmente contra la ley. La estrategia fue volver a presentarlo con otro nombre en el año 2006, al final de la Administración y buscar alguna forma para hacer que lo aprobaran. En esta ocasión, encontró una vía, que seguramente fue cuestionable y obscura, para que Ricardo Juárez, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, aprobara ilegalmente su proyecto de la Marina. Violando su juramento solemne como funcionario público de respetar la ley, el Sr. Juárez autorizó un proyecto cuyo impacto ambiental no se ha identificado como lo establece la ley y para el cual, en consecuencia, no se han previsto las medidas de mitigación pertinentes. El proyecto es un desarrollo residencial turístico que implica la construcción de una marina artificial para embarcaciones y para la realización de una variedad de actividades navales, así como la construcción de más de 1025 habitaciones de hotel, áreas comerciales, clubes playeros, carreteras, infraestructura para el abastecimiento de agua, alcantarillado y drenaje, energía eléctrica y servicio telefónico. En circunstancias prácticamente idénticas y simultáneamente, Ricardo Juárez autorizó de manera ilegal a la Operadora Chimela el proyecto Tambora, no muy lejos al norte de la Marina, que involucra el construcción de 100 habitaciones para un Hotel Boutique clase Gran Turismo con Spa, un Centro empresarial, 3 clubes playeros y un campo de golf de 18 hoyos con lagunas artificiales, al igual que, en consecuencia, carreteras y la infraestructura necesaria para un proyecto de tal magnitud, que tampoco cumple con los requisitos jurídicos. Todo ello se realizó con plena inobservancia a la oposición de la Comisión Nacional para Áreas protegidas y de otras entidades gubernamentales. Varios expertos ambientales independientes han demostrado que estos proyectos, en sitios que, por su excepcional importancia ambiental, se deben conservar tan intactos como sea posible, desencadenarán de manera inevitable impactos adversos peligrosos derivados de: La alteración de las dunas de arena, humedales, manglares, bosques tropicales y ecosistemas marinos que son fundamentales para la conservación de un área costera. El retiro masivo de la capa de vegetación y su eliminación. La pérdida de la humedad y fertilidad de la tierra. La modificación radical del paisaje y el incremento de la erosión así como el escurrimiento y transporte de sedimentos. A su vez, todo lo anterior afectará la calidad del agua superficial y subterránea, con lo que se dañan los humedales. La Ley general ambiental y sus Normatividades sobre el Impacto ambiental requieren con toda claridad el cumplimiento con los 13 requisitos para garantizar que todos los impactos adversos directos e indirectos, al igual que sus efectos acumulados en la región, se identificarán adecuada y científicamente y que se asentarán con objetividad en una Declaración de impacto ambiental, aunada a propuestas específicas para evitarlos y mitigarlos. Nada de esa información se incluyó en la Declaración presentada para la autorización en ninguno de los dos proyectos. Varias instituciones gubernamentales y grupos no gubernamentales advirtieron a Ricardo Juárez, el funcionario a cargo de su evaluación, acerca de esta situación con base en numerosos argumentos con suficientes fundamentos jurídicos y científicos; los ignoró todos y autorizó los proyectos. En consecuencia, varias personalidades destacadas y grupos, tanto en México como en el extranjero, comenzaron movilizaciones para evitar estos crímenes ecológicos, con las siguientes demandas: 1) La cancelación inmediata de los permisos ilegales de Tambora y Marina Careyes y la suspensión de toda actividad de construcción en el área 2) El despido inmediato de Ricardo Juárez, asegurándose que rinda cuentas por sus actos y omisiones. 3) La evaluación de ambos proyectos turísticos por parte de un grupo de expertos independientes. La acción jurídica iniciada el día de hoy en la Secretaría de la Función Pública, en contra de los funcionarios involucrados en la autorización de estos proyectos ilegales, es un voto de confianza a su reiterado compromiso público por reestablecer el estado de derecho en México, una exigencia que recibe constantemente de muchos ámbitos, a nivel nacional e internacional. Publicado por Amigos del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico. Cuidad de México, 22 de marzo de 2007.