Impugnan complejo turístico. Alertan sobre riesgos para biodiversidad en reserva natural de costa de Jalisco

Por Adriana Alatorre
CUIXMALA.- La Secretaría de Medio Ambiente incurrió en diversas irregularidades al autorizar los desarrollos turísticos IEL La Huerta y Tambora en las cercanías de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, denunció el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico (CDCP).

El organismo exigió la destitución de Ricardo Juárez, titular de la Dirección General de Riesgo de Impacto Ambiental de la Semarnat, por autorizar los proyectos, a finales de la administración de Vicente Fox, a pesar de contar con estudios de especialistas que advirtieron sobre los riesgos que representaban para la reserva, considerada una de las más importantes de México en materia de biodiversidad.
Los proyectos contemplan construir hoteles con campo de golf, residencias de lujo, caballerizas y una marina, entre otras obras.
Alberto Székely, vocero del CDCP, señaló que desde hace más de 13 años desarrolladores turísticos impulsan proyectos en la región, la mayoría de los cuales no toman en cuenta la disponibilidad de agua y las necesidades de cuidado ambiental.
Los proyectos IEL La Huerta y Tambora, remarcó, resultan además sospechosos por la premura con la que fueron aprobados y ponen en evidencia la debilidad del mecanismo de manifestaciones de impacto ambiental para proteger áreas naturales estratégicas.
"En las aprobaciones hay innumerables irregularidades que no pueden tolerarse", sostuvo.
"Estos planes, aprobados en un acto de corrupción, aún pueden pararse".
Informó que el CDCP presentó el pasado 22 de marzo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Ricardo Juárez, al que considera el principal responsable de la autorización irregular, y de Jesús Becerra, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat; Andrés Chacón, director de Impacto Ambiental, y Héctor González, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Adelantó que el consejo utilizará otros recursos legales para detener los proyectos y eventualmente recurrirá a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte.
La aprobación de los proyectos, remarcó, resulta inexplicable si se considera que especialistas de la UNAM -institución que cuenta con una Estación de Biología en la reserva- y la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) los cuestionaron con argumentos muy puntuales.
"Se quiere construir algo tan ambientalmente ofensivo como es un campo de golf, siendo que no hay manera de tener un campo de golf en un área que se quiere proteger sin que cause daño", apuntó.
A pesar de ello, y de que los proyectos implican cortar decenas de miles de árboles, indicó, la Semarnat dio por válida la manifestación de impacto ambiental, lo que confirma que se trata de un mecanismo lleno de deficiencias en México.
"La ley ambiental dispone un mecanismo internacionalmente reconocido como la manifestación de impacto ambiental. Ésta debe precisar los impactos que el proyecto tendrá sobre el ambiente y la forma de mitigarlos o compensarlos", explicó.
En su evaluación sobre el programa de manejo ambiental del proyecto Tambora, la Conanp realizó 29 observaciones, entre ellas que pone en riesgo "la continuidad de los frágiles ecosistemas locales".
Alberto Elton, director de la Conanp para la región de Occidente, indicó que ante las críticas los empresarios a cargo del proyecto han planteado la posibilidad de realizar algunos ajustes